Por un valor aproximado de US$749 millones, la empresa brasileña OAS se adjudicó tres obras en Bolivia. En las obras adjudicadas: Potosí-Uyuni, Potosí-Tarija y Villa Tunari-San Ignacio, se evidenció irregularidades en los contratos.
Después que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, conformara una comisión mixta, creada para investigar los nexos que el Estado tuvo entre 2004 y 2006 con empresas brasileñas, se han vuelto a cuestionar obras que se adjudicó OAS.
Como se recuerda en 2003, la carretera Potosí-Tarija fue adjudicada a la empresa Queiroz Galvao -involucrada en el caso Lava Jato-, quien inicio las obras en 2004; pero no logro concluir el trabajo, “cediendo” la obra en 2009 a OAS, sin ninguna fiscalización. OAS concluyó la carretera en julio de 2013, convirtiéndose en una de las vías que tomó más tiempo en ejecutarse en la historia de Bolivia.
La carretera tenía una extensión de 433 kilómetros y debía ser construida con un monto que asciende a los US$226 millones, de los que US$188 millones eran financiados por el Banco do Brasil y el saldo por el CAF.
Otro de los proyectos adjudicados a esta constructora fue la carretera Potosí-Uyuni, en julio de 2007, con una extensión de 199 kilómetros, que demandó una inversión de US$108,1 millones.
En marzo de 2009, el entonces diputado Fernando Barrientos denunció que la empresa no había cumplido los requisitos del proyecto y como prueba presentó una auditoría interna de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) al proceso de licitación, que mostraba las irregularidades.
La auditoría verificó una diferencia de 565.545 dólares entre el monto inicial del proyecto (US$82,7 millones) y el monto de la propuesta económica presentada por OAS (US$83,2 millones).
Por último, OAS se adjudicó, en agosto de 2008 por US$415 millones, la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos (TIPNIS), de 306 kilómetros. La obra sería financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil (BNDES) con US$332 millones, y el Estado boliviano debía desembolsar el saldo. OAS inició trabajos, pero no pudo concluir por la movilización que iniciaron los indígenas de ese territorio.
En 2011, el BNDES firmó un contrato por US$332 millones para financiar la construcción de la carretera; sin embargo, en 2012, el BNDES canceló el contrato después de que el territorio indígena fue declarado zona intangible mediante Ley 180, el 24 de octubre de 2011. La norma fue promulgada a exigencia de las comunidades indígenas del TIPNIS, que marcharon contra la carretera
El año pasado, sin embargo, se promulgó la Ley 969, que anuló la intangibilidad del territorio indígena en medio de un duro debate en el Legislativo. En el 2017 también, el expresidente Jorge Tuto Quiroga solicitó investigar los vínculos entre el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente Evo Morales, por la carrtera Villa Tunari-San Ignacio, que atravesaría el TIPNIS.
Fuente: Página Siete
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