Tribunal de Colombia confirmó multa contra Cemex por cartelización

Imagen referencial / Foto: Pixabay.

Luego de trece años, se puso fin a uno no de los procesos por cartelización empresarial o competencia desleal que ejecutó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en contra de la industria cementera.

El tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo confirmó las sanciones por 923 millones (US$316 mil) y 138 millones de pesos (US$47 mil), impuestas por la SIC (en 2008), a Cemex, y a su representante legal (para la época de los hechos), César Constain Van Reck, por infringir el régimen legal de libre competencia.

“En el fallo se advierte el surgimiento de indicios sobre la existencia de acuerdos de repartición de mercados y de asignación de cuotas de producción entre Cemex, Holcim y Argos, que incidían en el comportamiento de los precios, la afectación de la oferta y el manejo de las ventas del cemento gris a nivel nacional”, se lee en el texto, que solo hace hincapié en que las sanciones cobijan a Cemex, sin que haya posibilidades de interponer más recursos.

Fuentes de Argos evitaron emitir algún concepto sobre la determinación proferida por el Consejo de Estado, aunque señalaron que esta providencia no vincula a la cementera paisa.

El Dato

El exsuperintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio, quien lideró la investigación en 2005, explicó que como parte de ese proceso las compañías ofrecieron unas garantías para terminar esa actuación, que implicaban que habría una competencia leal.

“En ese momento Cemex y Holcim incumplieron las garantías, y por eso les impusimos las multas máximas que estaban vigentes y de ahí la sanción que confirmó el Consejo de Estado. Y para Argos no hubo sanciones, porque sí cumplió los compromisos”, comentó Rubio.

Cabe destacar que, en diciembre de 2017, la SIC impuso una nueva sanción por cartelización empresarial (que según señala la entidad se desarrolló entre enero de 2010 y diciembre de 2012) a las mismas compañías con una multa de 202.805 millones de pesos. Las empresas interpusieron acciones contra esta decisión, que aún no han sido resueltas.

Fuente: El Colombiano

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