Argentina finalmente rescinde cinco de los seis contratos de los PPP viales

Finalmente, Argentina rescindió cinco de los seis los proyectos viales bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP).

En setiembre, el Ministerio de Obras Públicas de Argentina ya había informado que se rescindió los contratos de los corredores E y F, quedando por dar de baja los corredores A (Paolini, Vial Agro-INC); B (CCA-Green); C (Cartellone) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil).

El Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional tenían todo listo para dar de baja el lunes los cuatro PPP que estaban en pie, pero las autoridades nacionales solo lograron desarticular tres: el corredor A (rutas 3 y 226), C (ruta 7) y Sur (autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas y rutas 3 y 2015).

Corredores A y Sur

Los concesionarios de los corredores A y Sur firmaron “acuerdos mutuos de extinción contractual”, que contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías, un desembolso inicial inferior a los dos millones de dólares para cada concesionario y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados. De no llegar a un entendimiento por la liquidación final del contrato, las empresas quedarían liberadas para llevar sus reclamos a los juzgados locales y al tribunal de arbitraje internacional del CIADI.

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Corredor C

En el caso del Corredor C no hubo acuerdo entre las partes y la rescisión del PPP se concretó de manera unilateral. El Gobierno alegó “incumplimiento del concesionario” por la falta de presentación del cierro financiero e inició el proceso de ejecución de las garantías a la empresa Cartellone.

Ahora, se espera que el caso del Corredor C continúe en la órbita de los tribunales.  Sobre el plazo extra que otorgó el Poder Ejecutivo para que las empresas presenten el cierre financiero (que vencía el lunes 30 de noviembre), Cartellone había obtenido el mismo lunes un fallo judicial de primera instancia favorable.

Mediante una medida precautelar, la justicia administrativa federal le ordenó al Gobierno que le restituya las garantías contractuales a la empresa y que no proceda a rescindirle la concesión.

La resolución judicial planteó que no correspondería una extinción del contrato por culpa de concesionario porque el Estado también ha incurrido en incumplimientos que perjudicaron a la empresa.

Tras haber apelado, el Gobierno no tuvo en cuenta el fallo y avanzó con una rescisión unilateral que podría derivar en una nueva y compleja causa judicial.

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Corredor B

Por el corredor B se presentó una nueva propuesta de la empresa China Construction América (CCA) para financiar las obras de la ruta nacional 5, entre la ciudad de Luján y la provincia de La Pampa.

El Corredor B se había otorgado el 2018 al consorcio integrado por la CCA y Green S.A por USD 1175 millones. Finalmente, este lunes, CCA compró la parte del proyecto que tenía su socio local (Green SA.) y hoy el contrato es 100% de la empresa china.

Cabe recordar que a mediados de octubre, los representantes de CCA habían anticipado a las autoridades de Vialidad que estaban en condiciones de obtener los recursos necesarios para seguir adelante con la concesión y suscribir el cierre financiero del contrato. Para ello, necesitaban una prórroga contractual hasta los primeros meses de 2021.

Ante la falta de respuesta de los funcionarios, esa posibilidad fue perdiendo fuerza con el correr de los días, pero, abruptamente y sobre la fecha límite del 30 de noviembre que se había fijado para la finalización de los contratos, CCA presentó un nuevo esquema de financiación respaldado por el gobierno chino.

La propuesta de “cierre financiero” implicaría un aporte total del orden de los USD 1.500 millones para transformar 546 kilómetros de la ruta 5 en autovía (Luján – La Pampa).

Ahora, el Gobierno tiene plazo hasta mediados de la próxima semana para decidir formalmente si convalida o rechaza la propuesta.

Fuente: Letra P

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