Argentina procesa a exministros por contratos de peajes

El exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (2017-2019) es investigado por presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de peajes durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral  que “procesó al exministro Dujovne” también procesó al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich (2015-2019), por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En el expediente ya habían sido procesados por los mismos delitos el exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frías.

La causa investiga las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario Oeste por los peajes de la Panamericana, que se dirige por el norte de la provincia de Buenos Aires (oeste), y del Acceso Oeste, que recorre ese distrito por el oeste.

Dujovne, que presentó un escrito y se negó a declarar el 27 de julio al ser citado como indagado por el juez, fue procesado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El exministro además fue embargado por 100 millones de pesos (1.3 millones de dólares).

El juez sostuvo que los funcionarios del Gobierno de Macri “actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas”, lo que “generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso”.

El juez considera probado que “existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina” entre los funcionarios y empresarios para beneficiar a Autopistas del Sol, cuyo accionista era la empresa del entonces presidente Macri, y al Grupo Concesionario del Oeste.

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Forzar una prórroga

Tres días antes de que Macri asumiera como presidente, el 10 de diciembre de 2015, Ausol, a través de Abertis, presentó una demanda contra el Estado por más de 1.100 millones de dólares, por supuestos atrasos tarifarios.

La demanda de Ausol, que fue elevada a Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, supuestamente era una justificación para forzar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el Ciadi, Dietrich avaló un arreglo por 499 millones de dólares.

Se trató de “un complejo engranaje de maniobras que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes”, entre las que estaba la compañía Sideco Americana, en la que el presidente y su familia tenía acciones.

La causa fue iniciada por una denuncia de los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau por las irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación.

Fuente: Sputniknews

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