Colombia: Ruta del Sol III lleva dos años paralizada

Foto: Concesionaria Yuma

Las obras de la Ruta del Sol III están paralizadas desde el 2017 y tan solo registra un avance del 32%. La Ruta del Sol III contempla la construcción de 465 kilómetros de vía en el sector de San Roque-Ciénaga y Valledupar-Carmen de Bolívar.

Una demanda admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pide que se suspenda definitivamente el contrato con la concesionaria Yuma por los retrasos de la obra. Se estima que las deudas a los más de 200 contratistas que participaron en la ejecución de esas intervenciones rondan los 128.500 millones de pesos (US$37.7 millones).

Los contratistas denuncian que ya había un acuerdo con las autoridades acerca de la forma en la que les pagarían, pero el acuerdo no se ha cumplido.

En junio pasado la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que en 60 días se reactivarían las obras en la vía y que empezarían a pagar las acreencias a los pequeños empresarios para luego hacer otros acuerdos con las firmas más grandes El plazo ya se cumplió, pero la cartera no se ha pronunciado.

El acuerdo

La propuesta de las autoridades consiste en que Yuma S.A., la concesionaria del proyecto, cuyo principal accionista es la italiana Salini Impregilo Spa, debe conseguir un contrato de crédito por 400.000 millones de pesos (US$117.6 millones) poniendo como garantía a la casa matriz para lograr el cierre financiero del proyecto.

Con esto, según el documento, se procedería a pagarles a los contratistas y se reactivarían las obras. Además, la empresa tendría que colocar 274.000 millones de pesos (US$80.5 millones) adicionales para pagar intereses, interventorías y finalizar las obras a precios del 2010.

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No obstante, cabe aclarar que por los recaudado en los peajes que funcionan, a pesar de que la vía no está terminada, se cuenta con los recursos suficientes para continuar con la construcción.

Carlos Alberto García, vicepresidente Ejecutivo de la ANI, dijo ayer en W Radio, que “el proyecto tiene por ejecutar 2.9 billones de pesos más que garantizan la terminación de las obras”.

La versión de la ANI

Según la ANI, el acuerdo no se cumplió porque surgieron nuevos inconvenientes desde abril. En primer lugar, Yuma Concesionaria S.A. fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades, motivo por el cual, para poder firmar el otrosí, se debía contar primero con la aprobación de este organismo de control, lo que sucedió en agosto pasado.

Además, la Fiscalía está investigando la participación de algunas personas relacionadas con el proyecto, por la adición irregular de la construcción de un puente en el municipio de Plato (Magdalena) al contrato de la Ruta del Sol III. Esta situación le ha agregado complejidad al caso.

Cabe recordar que en julio se presentó una propuesta de conciliación ante el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá que lleva el caso, “por un tema de variantes”. En ese momento, los documentos se pasaron de manera informal, dado que aún no contaban con el visto bueno de la Supersociedades, previamente mencionado.

Por lo que ahora se debe esperar a que la Procuraduría también dé el aval sobre la conciliación y que finalmente los arbitros acepten ese planteamiento.

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Finalmente, este caso también está siendo evaluado en un tribunal internacional, que el año pasado había paralizado el proceso de caducidad que se adelantaba en Colombia, pero que fue levantado en julio, por lo que la caducidad continúa siendo una opción.

Para el vicepresidente Ejecutivo de la ANI, “los acuerdos están prácticamente cerrados pero se deben agotar los procedimientos, porque son requisitos para que se pueda efectuar el pago a proveedores y se reactiven las obras”.

No caducar

El Gobierno ha señalado que la mejor opción es buscar una conciliación y no caducar el contrato, porque el país no cuenta con los recursos para terminar las obras por sus propios medios y replantear una licitación no se podría lograr en este Gobierno, debido que la reestructuración tarda mucho tiempo.

Además, si se caduca el contrato, el pago a los proveedores se demoraría más que en el caso de que se reactiven las obras.

Fuente: Portafolio

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