Concesiones viales de Brasil no dan resultado esperado

Después de cinco años, las concesiones viales de Brasil no han brindado los resultados esperados.

Entre 2013 y 2014, Brasil puso en concesión cinco grandes tramos que aún no han recibido las inversiones en ensanchamientos y recuperación acordados en las licitaciones. Menos del 25% de obras contratadas se realizó.

Los contratos de estos cinco tramos de carretera preveían que en 60 meses (5 años) todos los miles de kilómetros concesionados fuesen recuperados y recibieran nuevos carriles para doblar su capacidad de tráfico. Pero de los 2.683 km concesionados, solo 597 km fueron intervenidos en este período.

A pesar del incumplimiento, las tarifas de peaje cobradas de los usuarios en todos esos contratos subieron muy por encima de la inflación acumulada en el período, según el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Las concesiones viales más cuestionadas: La CCR, responsable de la BR-163 en Mato Grosso do Sul, alega que el retraso y el fraccionamiento de licencias ambientales perjudicaron intervenciones previstas en el anillo carretero de Campo Grande. En el caso de la BR-040, de Invepar, hasta hoy faltan autorizaciones de órganos involucrados en el licenciamiento para obras en el tramo de mayor demanda de la concesión: entre Nova Lima y Congonhas (MG).

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La MGO, que administra la BR-050 y única concesionaria aún al día con sus obligaciones, afirma haber recibido proyectos de ingeniería desfasados ​​para ampliar la travesía urbana de los municipios goianos de Cristalina y Catalán. Hay conversaciones con las alcaldías y con la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para actualizar esos proyectos antes de las obras.

En general, existe una combinación de problemas a los que se sumó el escándalo de corrupción Lava-Jato, que generó que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) – que financiaría hasta el 70% de las inversiones con tasas subsidiadas – apretara el crédito a las constructoras y no liberó los recursos en las condiciones prometidas inicialmente.

Ahora, el nuevo gobierno discute qué se puede hacer con estas concesiones viales. Una opción es romper el contrato y rehacer la licitación, pero es improbable que esto suceda. De acuerdo con el ministro de Infraestructura del país, Tarcisio Freitas, lo más indicado sería que el gobierno renunciara a las tasas periódicas que las concesionarias les deben por los contratos, pujándolas para el futuro. Todo para darles liquidez, en la esperanza de que produzcan las mejoras de infraestructura que fue la razón de concesionarles las vías.

Fuente: CLA y Valor

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