Cuatro consultoras compiten por nuevo tren Chalco-Santa Marta de México

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM) recibió cuatro propuestas técnicas y económicas para realizar estudios para la construcción del nuevo tren suburbano Chalco-Santa Marta.

El proyecto, a cargo del gobierno del Edomex, supone una inversión de 17,260 millones de pesos (casi USD 860 millones).

Las empresas que compiten son: Cal y Mayor con una oferta de 88.9 millones de pesos (USD 4.4 millones), IPIMSA con 75.3 millones de pesos (USD 3.7 millones), Senermex Ingeniería y Sistemas con 63.2 millones de pesos (USD 3.1 millones) y Ayesa México con 25.5 millones de pesos (USD 1.2 millones).

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El tren Chalco-Santa Marta, que incluye dos estaciones terminales y cinco intermedias (Los Reyes, Eje 10, José Guadalupe Posadas, Emiliano Zapata y 13 de octubre), requerirá de una inversión pública de 17,260 millones de pesos (USD 860 millones) y tendrá una extensión de 15.5 km, que incluye a los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Iztapalapa, Chimalhuacán y Chicoloapan.

El proyecto se registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) originalmente en el 2014 y el año pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contrató a la firma mexicana Cal y Mayor para realizar el estudio costo beneficio para retomarlo.

Dicho documento detalla: Se considera que la línea será operada por trenes automotores eléctricos EMU (Electric Multiple Units). El material rodante considera la operación de siete trenes de tres carros en hora pico, y un parque total inicial de 27 carros (en su primer año de operaciones, el 2024, se estimó una demanda por día de 137,857 pasajeros y para el 2025 de 168,041 pasajeros).

El fallo está programado para el 28 de diciembre y se espera que la firma del contrato para enero de 2021. El ganador de la licitación no recibirá ningún anticipo.

Como parte del contrato se ha contemplado apoyar al SITRAMYTEM y a los gobiernos estatales y locales en la liberación del derecho de vía resultantes de los estudios.

Fuente: El Economista

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