El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) defendió los cuestionados pagos que realizó al consorcio chileno-español Typsa-Incosa-Ingeneg, que se adjudicó la fiscalización del proyecto Metrobús en 2016. La empresa fiscalizadora se cobró casi la totalidad del contrato, a pesar de que el proyecto que debía “verificar” no avanzó ni la mitad.
Según el ingeniero Eligio Pappalardo, supervisor de obras del MOPC, la actual administración no realizó pago alguno al mencionado grupo, desde la suspensión de las obras el 23 de octubre de 2018, y que la mayor parte de los desembolsos fue hecha durante el gobierno de Horacio Cartes.
Indicó que las facturas emitidas en el ejercicio 2019 por la actual administración corresponden a certificados de trabajos realizados antes de la suspensión de la obra: agosto, setiembre y octubre de 2018, correspondientes a los primeros meses del ministro Arnoldo Wiens al frente de la institución.
Se le consultó sobre los motivos por los cuales desembolsaron casi la totalidad del contrato de fiscalización, pese al nulo avance del metrobús, y dijo que el contrato con la empresa exigía pagos mensuales fijos que se debían cumplir, los cuales están reglamentados por las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financista de la obra.
Esto significa que la empresa tenía que cobrar trabajando o no, pues debía “mantener” a todo su equipo en la zona de obras, pero aclaró que la empresa cumplió con sus obligaciones.
“El contrato de la fiscalización es un contrato que tiene la modalidad de pagos de cuotas mensuales fijas y otro pago de manera proporcional al avance de obras. En un principio se tenían 22 meses de diseño y la construcción, y dos meses de posconstrucción para detectar los defectos de la obra y los preparativos para la rescisión provisoria”, señaló.
Asimismo, agregó que no rescindieron el contrato debido a que la consultora seguía ofreciendo sus servicios para el cierre del contrato con Mota Engil.
El monto del contrato original de la fiscalización es de 16.320 millones de guaraníes (USD2.5 millones) y la institución ya abonó G. 15.467 millones (USD2.4 millones), es decir, 95% de la adjudicación inicial.
Empero, Pappalardo manifestó que el monto actual del contrato subió a G. 21.638 millones, por lo que los pagos representan “solo el 65%” del monto contractual.
Fuente: ABC Color
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