[Video] Argentina busca anular los contratos de renegociación con Ausol y GCO

El Ejecutivo iniciará acciones legales para declarar nulos los decretos de renegociación de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste./ Crédito: Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández anunció ayer (14 de septiembre) que el poder Ejecutivo interpondrá una demanda ante la justicia para declarar nulos los decretos del año 2018 que ratificaron los acuerdos de renegociación con las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Los acuerdos comprometen al Estado con una deuda millonaria.

Estamos pidiéndole a la Justicia que anule estos contratos y que cautelarmente nos devuelva la administración de estas vías para impedir que se termine perfeccionando lo que claramente son contratos leoninos en perjuicio del Estado”, afirmó el mandatario durante el anuncio que realizó en Casa Rosada junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Katopodis afirmó que se ha identificado claramente que existieron funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas concesionarias, que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Agregó que “en definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma”.

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Por eso, la Dirección Nacional de Vialidad -dependiente del Ministerio de Obras Públicas- presentará ante la justicia una acción de lesividad para que se declaren nulos los decretos 607 y 608 firmados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, que ratificaron acuerdos de renegociación y tienen por objeto reconocer y cancelar una deuda bruta por parte del Estado Nacional de USD 813 143 839 (USD 540 522 269 para Ausol y USD 272 621 570 para GCO).

En toda la documentación que motivó la suscripción y posterior aprobación de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual, “presentada en su momento como imperiosa y urgente, no aparece acreditado que hubiese una posible sentencia condenatoria para el Estado argentino” por parte del CIADI, resaltó Katopodis y concluyó que “no tenemos ninguna duda de que ese fue un argumento para justificar y avanzar con un proceso que fue oscuro, absolutamente arbitrario y que genera un perjuicio patrimonial para todos los argentinos”.

Dado que el Poder Ejecutivo no tiene facultad de rescindir el contrato de concesión, presentará ante la Justicia una acción de lesividad para que se declaren nulos los decretos mencionados, ante la presencia de numerosos vicios que nulifican de manera absoluta e insanable los Acuerdos de Renegociación y que en todos los casos se fijaron ventajas inaceptables para los concesionarios y desventajas muy gravosas para el Estado y para los usuarios.

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