Según diversos medios de prensa, el sistema Participación Público-Privada (PPP) de Argentina que era sostenido con fuerza por el Ministerio de Transporte a través de su titular, Guillermo Dietrich, es inviable en las actuales condiciones del país.
“El PPP está muerto, ya fracasó. Al Gobierno le faltó calle. Quisieron implementar un programa de país de primer mundo que se financia al 4%. Era claro que acá nunca iba a poder funcionar”, comentó un funcionario de alto rango a nivel nacional al portal LaPolíticaOnLine.
El ministro Dietrich no consiguió que ningún banco privado se sume al esquema de financiamiento de los proyectos vía fideicomiso y hasta el momento su única carta es recurrir al Banco Nación, que debería hacerse cargo de los US$1.000 millones necesarios para poder iniciar las obras.
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Sin embargo, la profunda crisis que atraviesa la entidad bancaria haría muy difícil la concreción de esta iniciativa. Su propio presidente, Javier González Fraga aseguró desde hace algunas semanas el banco “está en un estrés de liquidez” y que recibieron una indicación del FMI para “no generar capacidad prestable a partir de los depósitos del Tesoro” en pos de no deteriorar la política monetaria.
Actualmente, el Corredor B sería el único que está cerca de conseguir el “cierre financiero”. El proyecto abarca la Ruta Nacional 5 desde el kilómetro 68 en Luján hasta la intersección con la Ruta Nacional 35, pasando por la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
La mega constructora China Construction America (CCA) junto a la mendocina Green S.A se adjudicó el proyecto y ha logrado conseguir el apoyo estatal de Beijing para armar un consorcio de bancos que financiarían los US$1.175 millones, correspondientes con el aval de la aseguradora China Cinda Asset Management.
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De esta manera, el resto de las empresas ganadoras de los PPP, que apelaban a una renegociación de las condiciones del contrato, quedan posicionadas en una situación muy complicada. Pues Dietrich ya no podrá beneficiarlas con un tratamiento diferencial, pero al mismo tiempo enfrentan el calendario de cumplimiento de obras que la próxima semana ya podría ocasionar sanciones económicas por hasta US$50 millones.
El problema de las constructoras locales es que luego de la corrida cambiaria y la desconfianza de los mercados hacia el Gobierno de Macri que dispararon el riesgo país , se ven imposibilitadas de financiarse a un costo menor al 8,75%, límite que hace viables los proyectos.
Fuente: Diario Castellanos
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