Metro de São Paulo: Se descarta cancelación del contrato de la Línea 6 con Acciona

Un voto contrario del ministro Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), sobre la posibilidad de transferir concesiones públicas a nuevas empresas sin licitación, provocó el pánico en el sector de infraestructura en agosto del año pasado.

De confirmarse, la decisión habría provocado un revuelo en numerosos contratos de concesión, entre ellos la Línea 6-Naranja , el mayor proyecto de infraestructuras del país.

La semana pasada, sin embargo, tras un cambio en el voto del relator, se formó una mayoría a favor de mantener la legalidad de la transferencia de concesiones.

El asunto había sido considerado por el STF luego de que el Ministerio Público interpusiera una Acción Directa de Inconstitucionalidad que cuestionaba el permiso para vender la concesión sin un nuevo proceso de licitación.

Dias Toffoli dio razón a la acusación hace siete meses y estipuló un plazo de dos años para que los organismos públicos revisen los contratos que fueron pasados ​​a otras empresas. En otras palabras, la votación afectó directamente a la Asociación Público-Privada (PPP) entre el Gobierno del Estado de São Paulo y Acciona, la constructora que tomó el relevo de Move São Paulo en octubre de 2020.

La decisión de Toffoli provocó una gran discusión en el mundo empresarial y en otras esferas de gobierno por generar inseguridad jurídica en numerosos contratos y licitaciones.

La situación comenzó a cambiar tiempo después cuando el Procurador General de la República, Augusto Aras, cambió de entendimiento. El pleno del Supremo volvió a analizar el caso el pasado mes de diciembre, con el ponente confirmando su nuevo voto.

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Recién se reanudó la sesión a partir del 25 de febrero, alcanzando la mayoría de votos el 8 de marzo. Ahora bien, según Toffoli, “la transferencia de la concesión o del control empresarial no resulta de la colusión para transferir la posición contractual a un competidor; y, finalmente, no hay indicios de cartelización”.

Sin embargo, dos ministros, Edson Fachin y Cármem Lúcia, votaron prohibir la transferencia de la concesión, pero sin posibilidad de revertir la situación.

Caducidad del contrato

El proyecto de la Línea 6 del Metro-Naranja tuvo la licitación originalmente ganada por un consorcio formado por las empresas Odebrecht, Queiroz Galvão y UTC, pero en 2016 la empresa formada por ellas decidió paralizar las obras por falta de condiciones financieras.

El gobierno estatal, en ese momento encabezado por Geraldo Alckmin (sin partido), intentó negociar una solución con la empresa, pero ante el impasse, decretó la caducidad del contrato, instrumento legal que reiniciaría el proyecto.

João Doria, que sucedió a Alckmin en 2019, pospuso la fecha de vencimiento tras analizar otras opciones para posibilitar la reanudación de las obras. Tras ofrecer el proyecto a varios grupos extranjeros, la constructora española Acciona llegó a un acuerdo con los propietarios Move São Paulo y en octubre de 2020 se firmó la modificación del contrato de concesión, con la entrada de LinhaUni, nueva concesionaria que operará el ramal.

Si el STF hubiera votado para evitar la transferencia de concesiones, el contrato de la Línea 6 podría volver a Move São Paulo y el gobierno estatal tendría que lanzar un nuevo proceso de licitación con efectos imprevisibles.