La crisis económica provocada por el coronavirus ya tiene un impacto en el sector de concesiones viales de Brasil y requerirá una revisión de los contratos, según expertos de la industria.
El movimiento en las carreteras concesionadas cayó un promedio de 18.4% en marzo en la medición del índice publicado mensualmente por ABCR (Asociación de Concesionarios de Carreteras) y la consultora Trends. El indicador excluye los efectos de las variaciones estacionales.
La cifra fue la peor desde que se creó el indicador en 1999, superando la caída observada durante la huelga de camioneros de 2018.
El flujo de vehículos de pasajeros registró la mayor caída: 22,7%. El tráfico de vehículos de carga disminuyó 4.1%.
Como la mayoría de las autopistas operaron normalmente hasta principios de la segunda mitad de marzo, los datos de abril deberían mostrar una retracción aún más aguda, según el director ejecutivo de la asociación, César Borges.
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En una carta a la AGU (Advocacia-Geral da União) solicitando una opinión sobre la posibilidad de que la pandemia “sea capaz de apoyar un posible reequilibrio económico-financiero” de los contratos, el Ministerio de Infraestructura cita la estimación de ABCR de una retracción del 57% en el flujo de vehículos ligeros y 29% en vehículos pesados.
AGU ya admitió que la pandemia podría “justificar el reequilibrio de los contratos de concesión de infraestructura de transporte”, pero declaró que estos casos deben analizarse individualmente.
Borges aseguró que la crisis se agudizó debido al aislamiento social, y no se sabe cómo será la reanudación ni a qué velocidad. “Es necesario mantener saludables a los concesionarios”, dice.
Para él, el reequilibrio de los contratos, que puede posponer las obligaciones de los concesionarios, autorizar aumentos de tarifas o extender las concesiones, es una opción sobre la mesa.
“Si no hay ningún tipo de intervención gubernamental, las empresas no sobrevivirán a la crisis”, dice Rodrigo Bertoccelli, de la oficina de Felsberg.
Según él, cada contrato proporciona una matriz de riesgo diferente, y hay accionistas con más solidez financiera y otros en dificultades.
Lucas Sant’Anna, socio de Machado Meyer detalló que “ha aconsejado a los concesionarios que presenten una alternativa a posponer el trabajo lo antes posible, por ejemplo, al observar una caída en los ingresos. Creo que hay espacio para soluciones consensuadas con los organismos reguladores”, dice.
Por su parte, Letícia Queiroz, de Queiroz Maluf, dice que los costos también han aumentado en la pandemia y la dificultad para obtener materiales e insumos para pavimentación, por ejemplo.
Además, la emergencia sanitaria ya está influyendo en las negociaciones de devolución de concesiones viales, según João Paulo Pessoa, socio de Toledo Marchetti.
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Caso Via-040
La posibilidad de relicitación fue regulada en agosto del año pasado, y el primer pedido fue para Via-040, controlado por Invepar. El concesionario administra los 936 km de BR-040 entre Brasilia y Juiz de Fora (MG). La orden fue aprobada por ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestre) en noviembre de 2019, pero el gobierno y el concesionario aún están negociando la modificación del contrato. El concesionario había pedido que el contrato se revisara trimestralmente para estimar los impactos de la pandemia en sus ingresos.
ANTT ha rechazado la propuesta, pero está analizando la posibilidad de hacer explícito que los términos del contrato no tuvieron en cuenta la pandemia.
Hay dos solicitudes más bajo análisis en la agencia para la devolución de concesiones viales: la de MSVia, de CCR; y el de Triunfo Concebra. El primero firmó el contrato para administrar un tramo de BR-163 en Mato Grosso do Sul que comprende 847 k entre los municipios de Sonora y Mundo Novo. El segundo ha tocado desde 2014 una parcela de 1.176 km de las carreteras BR-060, BR-153 y BR-262 entre Brasilia y Betim (MG).
Según Borges, hay dos concesionarios más que evalúan solicitar el retorno de las concesiones. Para él, la pandemia también debería afectar el calendario de nuevas subastas. El manifestó que mantendrá las 11 subastas de infraestructura programadas para este año, pero según Borges es necesario hacer adaptaciones para mantener el atractivo de los activos.
Fuente: Folha
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