Brasil propone pagar USD 8 millones por incumplimiento del contrato Línea 18-Bronce

La discusión entre el gobierno estatal y la concesionaria VEM ABC, que ganó la licitación para la implementación de la Línea 18-Bronce del Metro de São Paulo, tuvo un nuevo capítulo a fines de septiembre.

Tras la rescisión unilateral del contrato por parte de la administración de Doria, la empresa solicitó el arbitraje de un organismo internacional para determinar la indemnización a pagar por el gestor público.

A fines de julio, VEM ABC había presentado sus alegatos iniciales exigiendo el pago de R$ 1.300 millones (USD 238.8 millones) por el fin injustificado de la concesión de 25 años.

La empresa manifestó que el gobierno de João Doria utilizó expedientes que no existían en el contrato para cerrarlo a favor de reemplazar el monorriel por un corredor de buses ‘BRT’ ofrecido por Metra, empresa que opera las principales líneas de este modal en la región ABC.

El 27 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (PGE), órgano jurídico que representa al Estado, se defendió de las acusaciones y presentó su versión de los hechos.

Según los abogados, el gobierno no habría incumplido el contrato ya que, en su opinión, el gobierno en ningún momento dejó de hacer un esfuerzo para desempeñar su papel en la división prevista en la APP (Asociación Público-Privada). La principal responsabilidad del estado era garantizar los recursos financieros, incluido el pago de las expropiaciones.

La alegación del estado es que este objetivo solo no se logró por factores externos, más allá del control de los gerentes desde 2014, cuando se firmó el contrato. Como es bien sabido, el gobierno federal bajó la calificación crediticia de São Paulo durante un largo período, pero volvió a subirla durante la administración de Temer.

“Es importante resaltar que el incumplimiento de la mencionada obligación surge de hechos totalmente ajenos a la voluntad de la Demandada [gobierno estatal] y siempre han estado relacionados con las vicisitudes de la Unión y sus agentes en la provisión de líneas de crédito adecuadas a la viabilidad del APP”, dice extracto de la defensa.

Monto mínimo de indemnización

Si bien no se responsabiliza por la iniciativa unilateral de rescindir el contrato, que sería inviable financieramente, a pesar del análisis favorable de FIPE, PGE cuestiona las proyecciones optimistas en su opinión sobre el potencial de ingresos de la concesión.

Afirma que el uso de los datos contenidos en el anuncio de licitación “ignora los cambios recientes en el escenario macroeconómico brasileño, que no se conocían y que no estaban anticipados en el momento de la modelación inicial del proyecto”. Sin embargo, no explica si la regla sería válida en un escenario inverso, en el que la economía del país superó las proyecciones.

Por ello, la propuesta de indemnización ignora cualquier ganancia frustrada con la concesión, vencida hace siete años y que debió haber comenzado originalmente en 2018. En cambio, el estado propone pagar un monto de solo R$ 43.7 millones (USD 8 millones) con fecha base de agosto de 2020.

El PGE aún se niega a asumir los costos del proceso, en este caso haciendo uso de las cláusulas del contrato, lo mismo que fue ignorado en los apartados confrontados por la decisión del gobernador.

Aún se espera que el proceso de arbitraje se prolongue durante unos meses, con nuevas denuncias y producción de pruebas. Solo entonces los tres nombrados para conocer el caso tomarán su decisión.