Costa Rica: Conavi busca enrumbar el proyecto de la carretera San José – San Ramón

Tras seis años de haber iniciado el contrato entre el Gobierno y el Fideicomiso del BCR, para la construcción de la nueva carretera entre San José y San Ramón, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), busca la firma de una adenda con la que se puedan incorporar multas por incumplimientos y darle un giro al modelo de gestión que se ha aplicado hasta la fecha.

Y es que, para la Administración, el Fiduciario (BCR), en su rol de estructurador, no ha logrado conseguir los recursos necesarios para desarrollar el proyecto integral, al tiempo que han presentado una serie de debilidades como Unidad Administradora del Proyecto (UAP).

El ingeniero Pablo Camacho, gerente de la Unidad Ejecutora San José – San Ramón, explicó que ante estas deficiencias detectadas es que se busca establecer multas por incumplimientos y darle un nuevo rumbo al modelo de gestión que proporcione los recursos y mecanismos que dinamicen el proyecto y que permita atender los requerimientos de funcionalidad, calidad y seguridad.

Agregó que para la Administración es de vital importancia que se realicen los anteproyectos, diseños y construcción de las obras en apego a la Ley 9292, la normativa aplicable y las buenas prácticas constructivas, para evitar de esta manera desviaciones económicas en la fase de ejecución del proyecto, situación que ya ha sido advertida a la UAP.

De esta manera se busca minimizar los riesgos que se puedan generar producto de las debilidades que se presentan, en caso no atenderse en las etapas tempranas del proyecto.

Camacho explicó que una de las consecuencias de no aplicar los cambios que se requieren sería un aumento en el costo del proyecto, lo que llevaría a incremento en las tarifas de peaje y plazos mayores para la ejecución de las obras.

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Reiteradas observaciones

Camacho añadió que las primeras advertencias para la UAP-BCR se emitieron desde el Conavi en el año 2019, muchas de estas discrepancias aún se mantienen, tal es el caso de las mejoras que requiere la OBI del Peaje de Río Segundo, correspondiente al Lote 2B, donde se detectó un traslape crítico de la solución propuesta y el derecho de vía del tren, que en caso de mantenerse implicaría serios riesgos para la seguridad de los usuarios, tanto de la ruta como del tren.

En relación a la aprobación de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del proyecto integral, Camacho agregó que la revisión minuciosa realizada por personeros de la Unidad Ejecutora, arrojó la emisión de 435 observaciones que se deben de corregir en aspectos como seguridad vial, funcionalidad, niveles de servicio, diseño geométrico, pavimentos, drenajes, riesgos de geotécnica, suelos y estructuras; también observaciones en el campo socioeconómico y la evaluación financiera, entre otros.

Para Camacho, algunos de estos aspectos se consideran críticos y pueden afectar tanto el alcance como el costo, funcionalidad y seguridad de los usuarios, en caso de no corregirse en las etapas del anteproyecto, se materializarían en el diseño, construcción y operación de la obra, significando un aumento de los costos del proyecto.

La Administración por su parte, está analizando actualmente distintas opciones para determinar los pasos a seguir, pues no se ha considerado pertinente aprobar el anteproyecto, ante las debilidades detectadas en el mismo.

Para el MOPT- Conavi es de vital importancia lograr un acuerdo con el Banco de Costa Rica que se materialice con la firma de la Adenda y que permita seguir avanzando con este importante proyecto.