Los trabajos de ampliación a ocho carriles de la carretera Panamericana, en el tramo puente de las Américas-Arraiján, siguen su curso, a pesar de la orden de paralización temporal de la Dirección de Ingeniería del Municipio de Arraiján, que se emitió el 10 de abril, a través de la Resolución DIM-0011-1.
La medida del municipio contra el Consorcio Loma Cová, integrado por Acciona Construcción y Constructora Meco, S.A., surgió a raíz de que la empresa no ha pagado los impuestos municipales correspondientes.
La polémica llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, aunque en el camino hubo acercamientos entre las partes en conflicto, que permitieron que los trabajos prosigan.
De hecho, el Consejo de Representantes emitió el pasado 16 de mayo un acuerdo municipal que, pese a que no está en firme, autoriza a la alcaldesa encargada, Militza Palma, a recibir una fianza que garantice el pago de los impuestos, para que desista de una querella penal que interpuso contra el consorcio.
El vicepresidente del Concejo, Eliodoro Monterrey, informó que, según Ingeniería Municipal, la deuda es de al menos US$5.8 millones.
Panamá sigue avanzando ampliación de la carretera Panamericana
Los trabajos de ampliación a ocho carriles de la carretera Panamericana, en el tramo puente de las Américas-Arraiján, siguen su curso, a pesar de la orden de paralización temporal de la Dirección de Ingeniería del Municipio de Arraiján, que se emitió el 10 de abril, a través de la Resolución DIM-0011-1.
La medida del municipio contra el Consorcio Loma Cová, integrado por Acciona Construcción y Constructora Meco, S.A., surgió a raíz de que la empresa no ha pagado los impuestos municipales correspondientes.
La polémica llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, aunque en el camino hubo acercamientos entre las partes en conflicto, que permitieron que los trabajos prosigan.
De hecho, el Consejo de Representantes emitió el pasado 16 de mayo un acuerdo municipal que, pese a que no está en firme, autoriza a la alcaldesa encargada, Militza Palma, a recibir una fianza que garantice el pago de los impuestos, para que desista de una querella penal que interpuso contra el consorcio.
El vicepresidente del Concejo, Eliodoro Monterrey, informó que, según Ingeniería Municipal, la deuda es de al menos US$5.8 millones.
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