El Ejecutivo de Javier Milei oficializó la privatización de Corredores Viales S.A., empresa que administra gran parte de las autopistas y autovías nacionales. El decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece el inicio del proceso de desestatización. El Gobierno defiende la medida como clave para reducir el gasto público y modernizar la infraestructura a través de la inversión privada.
El Ministerio de Economía será el encargado de licitar los tramos viales en un plazo máximo de doce meses, como paso previo a la disolución definitiva de la firma.
La decisión se apoya en los números rojos acumulados por la compañía. En 2023, Corredores Viales cerró con pérdidas por más de 142 000 millones de pesos (aproximadamente de USD 103 millones) y recibió transferencias del Tesoro por 301 000 millones (unos USD 218 millones). En total, el déficit acumulado superó los 268 000 millones (más de USD 194 millones).
El Ejecutivo asegura que las concesiones por peaje garantizarán la sustentabilidad financiera del sistema vial, trasladando al sector privado la responsabilidad de invertir en obras y mantenimiento
Condiciones de las rutas y próximos pasos
Actualmente, Corredores Viales gestiona diez tramos que suman casi 6000 kilómetros en 13 provincias. Cerca del 45% de los caminos presenta un estado deficiente, lo que refuerza la urgencia de inversión.
El Ministerio de Economía tendrá la responsabilidad de convocar a licitación nacional e internacional. Una vez adjudicadas las concesiones, se procederá a la liquidación de la empresa estatal.
El Gobierno sostiene que la privatización permitirá mejorar la calidad de las rutas y atraer capital extranjero en un sector clave para la competitividad de la economía argentina.
Privatizaciones en cadena
La liquidación de Corredores Viales se suma a otras operaciones recientes. En enero de 2025 se concretó la venta de Impsa, histórica empresa metalúrgica que pasó a un consorcio estadounidense. Posteriormente, se privatizaron Enarsa e Intercargo, y en agosto se lanzó la venta del 90% de AySA.
Todas estas medidas fueron habilitadas por la Ley de Bases aprobada en junio de 2024, que otorga al Ejecutivo un amplio margen para privatizar empresas estatales en sectores estratégicos.
La estrategia confirma que la política de Milei apunta a un repliegue del Estado y a un papel central de los concesionarios privados en áreas clave de la economía
Fuente: americaeconomica.com
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