La ampliación de la Ruta 32 inició hace 18 meses, pero hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica sigue sin concretar expropiaciones necesarias para la obra.
Actualmente, el MOPT está tramitando 150 expedientes y otros 1.050 todavía están en la fase de elaboración y análisis para intentar reducir la cifra necesaria de terrenos a expropiar. Para ello, el ministerio pidió desde hace varios meses a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) modificar los diseños a fin de que se ajustaran en lo máximo posible al derecho de vía existente.
De acuerdo con el director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Mario Rodríguez, las expropiaciones no se convertirán en un obstáculo. Explicó que debido a la última reforma a la ley de expropiaciones aprobada, los expedientes se tramitarán con mayor celeridad, porque el Estado puede tomar posesión de la propiedad mientras el litigio por su valor continúa.
Cabe destacar que el proyecto ha empleado la mitad del plazo contractual de la obra, el cual había sido fijado en 34 meses y que recibió orden de inicio en noviembre del 2017.
Costa Rica sigue sin concretar expropiaciones para Ruta 32
La ampliación de la Ruta 32 inició hace 18 meses, pero hasta la fecha el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica sigue sin concretar expropiaciones necesarias para la obra.
Actualmente, el MOPT está tramitando 150 expedientes y otros 1.050 todavía están en la fase de elaboración y análisis para intentar reducir la cifra necesaria de terrenos a expropiar. Para ello, el ministerio pidió desde hace varios meses a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) modificar los diseños a fin de que se ajustaran en lo máximo posible al derecho de vía existente.
De acuerdo con el director del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Mario Rodríguez, las expropiaciones no se convertirán en un obstáculo. Explicó que debido a la última reforma a la ley de expropiaciones aprobada, los expedientes se tramitarán con mayor celeridad, porque el Estado puede tomar posesión de la propiedad mientras el litigio por su valor continúa.
Cabe destacar que el proyecto ha empleado la mitad del plazo contractual de la obra, el cual había sido fijado en 34 meses y que recibió orden de inicio en noviembre del 2017.
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