
Desde el 28 de marzo de 2025, la concesión Río Siete-Huaquillas, se encuentra a cargo del Interventor Eduardo Falquez Alcívar, a través del mecanismo de intervención señalado en el contrato de Alianza-Público Privada (APP) suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras (MTOP) y Consur R7H S.A (Consur).
La concesionaria Consur R7H estaba a cargo del proyecto Río Siete-Huaquillas de 95 kilómetros, vía que une la provincia de El Oro con Guayas, bajo la figura de alianza público-privada. Este proyecto estuvo a cargo del consorcio desde 2016, firmado en el gobierno de Rafael Correa.
Sin embargo, el 14 de abril de 2025 Consur presentó una acción de protección contra la Resolución de Intervención emitida por el MTOP, alegando una supuesta vulneración de derechos constitucionales por parte de esta cartera de Estado, y solicitando que la Resolución sea dejada sin efecto.
En la audencia celebrada el 06 de mayo de 2025, en la ciudad de Quito, donde cada parte presentó su defensa legal frente al caso. Finalmente, la jueza constitucional Alba Paladines inadmitió la acción de protección. La decisión de la jueza se basó en que, ningún derecho constitucional fue vulnerado, en virtud de que el MTOP actuó conforme al contrato y siguiendo el procedimiento de intervención establecido en el mismo.