Ruta del Sol III: Yuma Concesionaria se desmarca de Roberto Prieto

Han pasado casi diez años desde que se adjudicó la Ruta del Sol. La autopista, dividida en tres sectores, prometía conectar el centro del país con la región Caribe y mejorar su movilidad. Sin embargo, las expectativas se truncaron desde 2016, cuando el proyecto quedó salpicado por el escándalo de corrupción que tiene como protagonista a Odebrecht, que pagó sobornos para quedarse con el proyecto.

Finalmente, se declaró la caducidad del contrato. Lo que ahora se conoce es que el tercer tramo de la Ruta del Sol, a cargo de Yuma Concesionaria S.A., también libra sus propias peleas en otro pleito de arbitraje y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Mientras las obras para construir 465 kilómetros de vía están suspendidas desde junio de 2017 por atrasos en el cronograma. La firma ganó la licitación para la construcción del sector comprendido entre San Roque-Ciénaga y Carmen de Bolívar-Valledupar.

Detalles de la Ruta del Sol III

La obra fue adjudicada en julio de 2010 a Yuma Concesionaria S.A. por 2.1 billones de pesos (US$622.5 millones), pero luego se necesitaron adiciones al contrato para resolver temas no previstos, como el diseño de un nuevo puente en Plato (otrosí n.° 5) para atravesar de Bolívar al Magdalena. El momento más crítico llegó en 2017, cuando las entidades bancarias que financiaban la Ruta del Sol III suspendieron su inversión por el escándalo Odebrecht. Las firmas Conalvías y Grodco, que estaban en el consorcio con Impregilo, abandonaron la obra por dilemas financieros.

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El proyecto se suspendió con el 32% de ejecución. Luego se supo que Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, influyó ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para adicionar el contrato Ruta del Sol III, específicamente para el proyecto del puente, que representó más de 5.000 millones de pesos (US$1.4 millones). La realización de los estudios y diseños quedó a cargo de Consultores Unidos, del empresario Eduardo Zambrano, y terminó convirtiéndose en una especie de caja menor de Odebrecht para pagar sobornos. Prieto realizó gestiones para que Consultores Unidos se quedara con el contrato y recibió 650 millones de pesos (US$192.682). Por eso, fue condenado a cinco años de prisión.

Debido a esas actuaciones irregulares y a las demoras adicionales para la ejecución de las obras, dos ciudadanos interpusieron, el pasado 3 de julio, una acción popular contra la Agencia Nacional de Infraestructura y la firma Yuma Concesionaria S.A. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como medida cautelar, solicitaron la suspensión provisional del contrato y el cobro de las casetas de los peajes.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya admitió la acción y además ordenó vincular oficiosamente al Ministerio de Transporte y al citado Roberto Prieto. Pero mientras los magistrados deciden si conceden o no la medida cautelar, Yuma y el Ministerio de Transporte presentaron sus argumentos de oposición. El exministro de justicia Enrique Gil Botero, quien oficia como apoderado judicial de la concesionaria, aseguró de entrada que la acción popular y la medida solicitada en ella fueron formuladas de manera ambigua e inconclusa y que además no tienen sustento jurídico.

Gil Botero sostuvo que la situación penal de Roberto Prieto no influye en las actuaciones de Yuma ni en el contrato inicial de construcción, y que por ello la petición de suspender definitivamente el contrato de construcción de la obra no es consecuente.

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De manera adicional, aclara que a Yuma no le constan las circunstancias penales de Prieto, que los demandantes tampoco las demostraron y que, en caso de ser ciertas, guardarían relación con la adición relacionada con el puente de Plato y no con el contrato inicial ni con el recaudo de los peajes.

El apoderado de Yuma agregó que los hechos relacionados con Prieto son penales y solo atañen a él.

A comienzos del año 2018, Leonardo Castro y Francesco Stopponi, entonces representantes legales de las empresas Yuma Concesionaria S.A. y Salini Impregilo, respectivamente, rindieron sendos interrogatorios en desarrollo de la línea de investigación adelantada por el ente investigador sobre la Ruta del Sol III. Meses después, la Fiscalía anunció que les imputaría cargos, pero hasta hoy no se ha llevado a cabo la anunciada audiencia. Por este mismo asunto, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, también está siendo investigado por el organismo acusador.

En su defensa, Yuma alega que no se ha declarado la nulidad del otrosí para los diseños del puente de Plato, y que esa adición existe, es válida y sus prestaciones han sido ejecutadas.

La ANI ha dicho que lo mejor es culminar las obras en el tercer sector de la Ruta del Sol y concertar un nuevo otrosí para reactivar las obras. Además, propone conseguir un crédito internacional para iniciar un plan de pagos a los proveedores, a los que adeudan al menos 128.000 millones de pesos. El documento debe ser avalado por la Superintendencia de Sociedades. Mientras esto ocurre, los acreedores piden un arreglo para sanear sus deudas y seguir adelante.

Fuente: El Espectador