El plan del actual gobierno (2022-2026) para modernizar la carretera San José-San Ramón sigue en el aire. El primer semestre de este 2023 ya está casi consumado y el proyecto de ampliación continúa pendiente.
Son dos los aspectos principales para destrabar el proyecto: la firma de la adenda contractual entre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Banco de Costa Rica (BCR) para finiquitar el fideicomiso Ruta Uno, suscrito desde 2016 para desarrollar el proyecto, y la reformulación de la obra a partir de unos estudios por USD 1 millón que contratará el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Conavi y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) esperan que la adenda contractual se firme en los próximos días y se dé inicio a un proceso de transición que permitiría cerrar el fideicomiso a partir de diciembre de 2024.
En tanto, Álvaro Alfaro, oficial país del BCIE en Costa Rica, explicó que recibieron 4 ofertas de empresas interesadas en hacer la evaluación de los estudios y los diseños que Ruta Uno planteó para ejecutar la mejora en la carretera San José-San Ramón. La intención es que se genere un rediseño para volver a lanzar un plan de ampliación.
El funcionario explicó que el organismo multilateral aportaría un financiamiento de entre USD 500 millones y USD 550 millones para que el MOPT y el Conavi gestionen la ampliación integral de la ruta, entre la capital y San Ramón.
Alfaro detalló que el BCIE realizará los trámites que le competen (la contratación de los rediseños y la gestión del financiamiento) por su cuenta, mientras la Administración deberá solucionar la negociación con el BCR. La aprobación del crédito por parte del banco se discutiría en 2024, posteriormente debería pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa.
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Previamente, Luis Amador, titular del MOPT, explicó que las características del financiamiento aún no se han conversado y tendrán que ver la tasa que fijará el BCIE. Pese a esto, tiene claro que el crédito se pagará con las tarifas de peaje que estarán instaladas en el corredor vial. De momento, se desconocen montos posibles o si se requerirán más estaciones de cobro a las ya existentes (en Río Segundo de Alajuela y Naranjo). Eso sí, el cobro será administrado por el Estado.
A partir de los resultados que arroje el análisis de reingeniería contratado por el BCIE, entre 2024 y 2025 se empezaría a ejecutar el nuevo plan. Una vez que se tenga lista la reingeniería y el análisis de los anteproyectos, se procederá con la licitación del diseño y la construcción de la carretera.
La gestión del proyecto recaería en el MOPT y el Conavi. La adenda contractual prevé una fase de transición que incluye la continuidad de las obras impostergables (obis) y un análisis de reingeniería sobre la propuesta de ampliación que procuró Ruta Uno.
El ministro Amador enfatizó el pasado 2 de marzo, ante la comisión legislativa de Alajuela, que las 4 “obis” pendientes serán desarrolladas por el MOPT y el Conavi. Por ejemplo, el lote 2 (ampliación del puente sobre el río Torres y el intercambio a la altura del Monumento al Agua), cuya fase de diseño y construcción fue adjudicada al consorcio H.Solís TPF-Getinsa, se limitará únicamente a la entrega de diseño. En tanto, el lote 3 (intercambio de El Coyol) tendría el inicio de la fase de diseño para este 2023 y la fase constructiva para 2024. Mientras, el lote 4 (intercambios de Grecia, Naranjo y San Ramón) podrían iniciar en 2024.
Fuente: Con información de CRHoy y Amelia Rueda
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