El Programa de Optimización de Contratos, desarrollado por el Ministerio de Transportes en colaboración con el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), fue presentado a los inversores este lunes (12 de mayo) en Nueva York (EE. UU.), durante el tercer diálogo sobre concesiones de autopistas promovido por el Club GRI.
La expectativa es desbloquear 110 000 millones de reales (aproximadamente USD 19 390 millones) en inversiones hasta 2026, en autopistas concedidas al sector privado, mediante el reequilibrio de los contratos considerados «estresados», es decir, con desempeño insatisfactorio y atrasos técnicos y financieros.
La iniciativa cuenta actualmente con 14 contratos de concesión, que abarcan autopistas que atraviesan 13 estados: Bahía, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo. Ya se han firmado cinco acuerdos que deberán inyectar 63 000 millones de reales (aproximadamente USD 11 105 millones) en autopistas estratégicas para el país, como Fernão Dias y Régis Bittencourt.
La Secretaria Nacional de Transportes por Carretera, Viviane Esse, abrió el acto señalando que el principal objetivo de la optimización es la reanudación inmediata de las obras paralizadas. «Es una innovación con un enorme potencial de inversión. Es una solución buena para el concesionario, buena para el usuario y buena para el país», afirmó.
Para la Secretaria de Control Externo del TCU, Nicola Khoury, la gobernanza en la toma de decisiones es uno de los principales puntos de atención a la hora de optimizar los contratos. «En el proceso de solución consensuada, lo que llama la atención es la capacidad del colectivo para construir una solución al reto de satisfacer el interés público sin descartar el interés privado. Las cifras son muy interesantes en términos de resultados», afirmó.
El programa ha llamado la atención de otros países porque permite renegociar los contratos sin necesidad de volver a licitar los activos. De este modo, las obras paralizadas por problemas de viabilidad financiera pueden reanudarse mediante cláusulas adicionales firmadas con la mediación del TCU. Aún así, si no hay viabilidad para la renovación, el tribunal puede aprobar la nueva licitación, sin tener que esperar a que expiren los contratos actuales. Además de Estados Unidos, el Ministerio de Transportes ya ha sido invitado a presentar la solución consensuada en Londres y París.
Luciana Costa, directora de Infraestructura, Transición Energética y Cambios Climáticos del BNDES, destacó la creciente necesidad de inversiones en infraestructura en Brasil y defendió la optimización como el instrumento ideal para la reanudación de las obras. «Brasil es el mayor exportador neto de alimentos del mundo y, para continuar en esta posición, necesita invertir mucho en infraestructuras. Hoy necesitamos por lo menos 500 000 millones de reales (aproximadamente USD 88 152 millones) al año», concluyó.
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